 (ABN) El otorgamiento de una capacidad de fiscalización en la situación del sobreprecio en la venta de vehículos en Venezuela al Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y del Usuario (INDECU), está siendo estudiada por la subcomisión de la Asamblea Nacional, encargada de estudiar la problemática.
Así lo manifestó este viernes la diputada Iroshima Bravo, integrante de esta subcomisión, quien manisfestó que durante las discusiones se ha realizado esta observación "porque consideramos que es necesario que al Indecu se le coloque una capacidad de fiscalización más amplia, para verificar estas situaciones de especulación en el precio de vehículos".
Bravo sostuvo que el Indecu es el ente que debería ser el organismo primordial en cuanto a la ejecución de sanciones contra quienes especulen con los precios de vehículos, así como a los revendedores de carros, quienes también poseen responsabilidad en cuanto al sobreprecio.
Explicó que existen personas que se dedican a adquirir vehículos, los cuales luego de ser recorridos por al rededor de 100 kilómetros, son revendidos a un precio superior al que fueron adquiridos.
En ese sentido aseguró que la subcomisión, que integra junto a los diputados Elvis Amoroso, Tirso Silva, Rafic Souki, Luis García, Raúl Álvarez y Luis Ángel Díaz, ejercerá su potestad legislativa a través de una Ley para dar más capacidad fiscalizadora al Indecu o algún otro proyecto que ayude a atender estas situaciones.
Bravo recordó que esta subcomisión se conformó debido a una cantidad de denuncias y quejas de usuarios, que expusieron la existencia de largas listas para la adquisición de un vehículo, así como la especulación en el costo de los carros.
Asimismo aseguró que la subcomisión se ha reunido con la mayoría de los principales concesionarios, entre ellos Ford, Volkswagen y Nissan, que alegan una supuesta situación desfavorable en los trámites con la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio (Milco).
Al respecto la diputada indicó que entre cuyos bienes de probabilidad para el otorgamiento de divisas por parte de Cadivi, no están los vehículos, sino que existen otras prioridades para la importación como los productos alimenticios, medicamentos y maquinarias y piezas para el desarrollo industrial del país.
En el caso del Milco, Bravo señaló que este despacho, con la figura de los certificados de no producción, lo que pretende es promover la producción nacional y que las ensambladoras del país sean las encargadas de desarrollar la industria automotriz en Venezuela.
Al mismo tiempo, indicó que se le ha pedido a los concesionarios una propuesta donde señalen los precios que pretenden fijar de acuerdo a la marca y modelo del vehículo, el cual, luego de determinarse si es justo, deberá mantenerse en el mercado.
En este aspecto, la legisladora aseguró que "existen muchos concesionarios que tratan de hacer las cosas correctamente, pero hay que tomar decisiones que puedan dar beneficios a la comunidad, para que todos los venezolanos puedan adquirir un vehículo a un precio justo".
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